Mujeres rurales: infraestructura, servicios y protección social

Desde hace 10 años, cada 15 de octubre se viene celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural, a iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.

Cabe señalar, que las mujeres suponen casi la mitad de la población de las zonas rurales y son imprescindibles para el desarrollo sostenible del medio rural. Sin embargo, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar las zonas rurales para buscar mejores condiciones de vida en las ciudades, debido a la falta de oportunidades y de acceso en igualdad de condiciones a la propiedad de la tierra, a un empleo o a puestos de toma de decisiones. Esta emigración mayoritariamente femenina a los núcleos urbanos queda claramente reflejada en el índice de masculinización del medio rural, seis puntos por encima del índice nacional.

Este año, el tema elegido en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural es “Infraestructura, servicios y protección social sostenibles para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales”. Por este motivo, hemos hecho un repaso por la normativa aprobada por el estado español en los últimos años, con la finalidad de conseguir la Igualdad entre mujeres y hombres, y de fijar población femenina en el medio rural.

La primera que citaremos es la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que dentro de su Título II, en el cual se describen las políticas públicas para la igualdad, dedica el artículo 30 al desarrollo de políticas públicas para hacer efectiva la igualdad de género en el ámbito del desarrollo Rural, destacando que el Ministerio con competencias en Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio con competencias en Trabajo y Asuntos Sociales, “desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida”; traduciéndose esta medida en la Ley 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, cuya finalidad es la de lograr que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrarias en términos de igualdad con los hombres, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo.

Otro de los puntos que se recogen dentro del título II de la Ley Orgánica 3/2007, destaca que en las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones. También se especifica que las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural; asimismo, promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a las personas dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal; y también establece que los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Dentro de las políticas desarrolladas en el medio rural que incluyen medidas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, no hay que olvidar la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que tiene como objetivo mejorar la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, a través de acciones y medidas multisectoriales, concediendo una atención preferente a las mujeres y la juventud; conllevando la puesta en marcha de diversas líneas de actuación relacionadas con la igualdad de género en el medio rural.

Sin embargo, aunque esta normativa ayuda a dotar de infraestructura, servicios y protección social a las mujeres rurales, no es suficiente, y es necesario que se tomen medidas urgentes para empoderar a las mujeres rurales y evitar la despoblación de nuestros pueblos. Si nosotras nos vamos, si nos convierten en meras estatuas, ¿quién echará raíces que sostengan el medio rural?